El 06 de julio, Nayib Bukele emitió una "advertencia" a los comerciantes por los aumentos injustificados en los precios de la canasta básica durante una transmisión nacional. "A estas personas les digo que bajen los precios de los alimentos a partir de mañana (sábado) o van a tener problemas, ustedes lo saben, ya están fichados", agregó el mandatario.
Bukele denunció el abuso de la confianza del pueblo salvadoreño por parte de los comerciantes y prometió aplicar toda la ley contra quienes perpetúen estos incrementos. Comparó la situación con las medidas contra las pandillas, subrayando la efectividad de acciones previas. Se confirmaron aumentos de hasta un 300 % en ciertos productos. Bukele sugirió la posibilidad de sanciones penales más severas para los infractores más persistentes.
Según muchos economistas el propio mercado se encarga de regular precios en un mercado, en dado caso el Estado se entrometiera en establecer precios sería una medida socialista que muchos países han llevado a cabo como Venezuela o Cuba. Definitivamente los asesores económicos del ejecutivo deben de trabajar arduamente para tomar las mejores decisiones, porque con amenazar a los proveedores y comerciantes hará que estos salgan del mercado y las consecuencias serán catastróficas. Además, si ya se sabe que algunos comerciantes o distribuidores han cometido algún delito, ¿Por qué no capturarlos?
2 Comentarios
La intervención directa del gobierno en la regulación de precios siempre genera un debate intenso sobre la eficacia y las consecuencias que eso tendría a largo plazo
ResponderEliminarEs comprensible la preocupación por los aumentos injustificados en la canasta básica, es fundamental que las acciones del gobierno estén respaldadas por análisis económicos sólidos y consideren cuidadosamente el equilibrio entre intervención y libre mercado para evitar impactos adversos en la economía y en la población en general.
Sin embargo este enfoque ha suscitado críticas por parte de economistas, quienes argumentan que el mercado debería autorregularse. La intervención estatal en la fijación de precios podría llevar a consecuencias negativas, como la salida de comerciantes del mercado, lo que agravaría el problema.
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